Se acerca el segundo aniversario de la tragedia del 27F, que marcó el fin de la era de Concertación en el gobierno y, previsiblemente, la agenda comienza a teñirse de acusaciones mutuas entre las dos coaliciones que desde hace 20 años dominan el panorama político. Los calificativos de “cara de palo” van y vienen con una ligereza abismante, tratándose de autoridades que tienen o tuvieron roles relevantes en la conducción del país. Los índices de aprecio por los políticos de ambos bandos siguen en los niveles más bajos de que haya registro, pero las autoridades actuales y pretéritas demuestran que no han aprendido nada y siguen combatiendo en un ring que a pocos interesa. |
Es evidente que la justicia tiene que hacer su trabajo para determinar responsabilidades penales, pero los líderes políticos tienen el deber de generar las condiciones para que nada se eso se repita y no empeñarse en batallas mediáticas sin destino.
Todo lo que hasta ahora arrojan las investigaciones sobre lo ocurrido esa fatídica madrugada tras el terremoto apuntan a una serie inconcebible de errores humanos, falta de profesionalismo, carencias técnicas e inadecuado entrenamiento de funcionarios.
Las autoridades políticas de ese momento no lo hicieron bien, pero nada indica que hayan tenido un comportamiento doloso. Y es muy dudoso que, ante las mismas circunstancias, las actuales lo pudieran hacer mejor, sobre todo al revisar la lista de desprolijidades que tienen al gobierno bajo los mínimos de aceptación popular.
Lo cierto es que Chile tiene enormes déficit de profesionalismo y de seriedad en sus instituciones oficiales y ese problema cruza los gobiernos sin distinguir colores políticos.
Un notable reportaje de investigación sobre esa madrugada realizado hace un mes por sitio CIPER mostró con detalle la cadena de errores, malos entendidos y peores decisiones que jalonaron esa jornada. Leerlo es ver una radiografía del Chile a medias, el reino del “yo creí que” y “yo pensé que”.
Esa madrugada, los funcionarios del SHOA emitieron oportunamente una alerta de tsunami, pero los responsables de la ONEMI no supieron leer el fax y creyeron que se trataba de una “alerta amarilla” que los instaba a estar atentos, pero no a decretar una evacuación masiva. Más tarde, cuando llegaron a sus puestos los jefes máximos de ambos organismos y las olas arrasaban las costas de la zona central, el SHOA evaluó mal los nuevos datos y canceló la alerta de tsunami, generando más confusión.
Dos recuerdos traumáticos alojados en el inconsciente colectivo también jugaron un rol distorsionador. El primero fue la falsa alarma de tsunami generada en enero de 2005 en la VIII región, que generó saqueos, heridos y hasta muertes, causando la vergüenza institucional del SHOA, aun cuando ese organismo no tuvo ninguna responsabilidad en un rumor que surgió, al parecer, en poblaciones de la armada en Talcahuano, producto de una mala lectura de un informe de ese organismo. Teniendo ese antecedente en el recuerdo fue que el jefe de SHOA retiró su alerta de tsunami cuando constató que las primeras olas fueron de muy pequeña magnitud. El segundo tuvo que ver con la demora en decretar zona de catástrofe en algunas áreas, lo que facilitó el pillaje y el desorden.
No cabe duda de que para un gobierno de centro izquierda, al final de su mandato, debió ser incómodo dejar el control de grandes masas de población civil en manos de las fuerzas armadas, por primera vez desde el fin de la dictadura.
La endémica falta de recursos, los errores humanos y la débil capacitación de los supuestos expertos, es decir, una cultura de escaso rigor y mala educación, están en la base del problema y no hay ningún indicio de que ellos se estén superando. En casi cualquier tragedia o emergencia donde pongamos los ojos, desde el incendio en la cárcel de San Miguel hasta los esfuerzos de reconstrucción, desde el virus ISA hasta La Polar, podemos encontrar los mismos ingredientes: falta de recursos, normas confusas o inoperantes, funcionarios poco capacitados, errores de procedimiento, pequeñas o grandes corruptelas y “amiguismos” que agravan los problemas.
Mientras los dirigentes políticos no pongan esta realidad en primer lugar y dejen de lado las zancadillas menores, la ciudadanía difícilmente volverá a confiar en ellos.
Créditos: Juan Manuel Astorga
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