La posibilidad más cierta es que se esté refiriendo al paquete de medidas asociadas al financiamiento de la Educación Superior, anunciadas hace poco por el ministro. Sería raro que estuviera hablando del bullado acuerdo GANE que presentó el ejecutivo en julio de 2011, pues en este se hacían propuestas que, tal parece, ya no corren, como “considerar el ranking y las notas escolares, además de la PSU, en los sistemas de admisión”. Tal vez tendrá que ver con la superintendencia de la educación y la agencia de la calidad, pero no corresponden a “reformas” de este gobierno, sino a leyes que le preceden. Algo se ha dicho vagamente sobre mejorar los sistemas de acreditación de las universidades, pero supongo que, a falta de propuestas concretas, no califica tampoco como reforma.
Lo único que está claro, y lo ha dicho el Presidente en cadena nacional por televisión, es que para financiar una supuesta “reforma educativa” es que se propone una reforma tributaria. Puede que esté desinformada, pero no veo otra propuesta del gobierno que sea necesario financiar a no ser el nuevo sistema de préstamos del Estado para estudiar en la universidad, que nada tiene que ver con la calidad de este nivel educativo, ni qué decir de la calidad del resto del sistema. Se usaría, entonces, la expresión reforma educativa para dar grandilocuencia y un carácter emocional e irrefutable a una decisión controversial como la reforma tributaria. Una estrategia argumentativa, entonces, para asociar reforma tributaria con una causa justa y necesaria.
Es un argumento intuitivo que pasa “colado”, porque se basa en la creencia de que una mejor educación es una educación con más plata: los países que lo hacen mejor, gastan más. Y seguro que la plata es un factor importante para algunas cosas. Con más plata hay profesores mejor pagados, lo que puede influir en la selección de postulantes a la carrera docente y en asegurar que los buenos profesores quieran quedarse en la docencia porque hay mejores sueldos. Pero más plata no resuelve qué hacer con los profesores que ya están en el sistema para aportar en su perfeccionamiento. Más plata no asegura que las facultades de educación sepan cómo formar a los futuros profesores. Más plata en Chile, y lo sabemos bien, no significa mejor educación.
Dos datos concretos. Uno: los colegios más caros no aportan el valor que prometen, sino que deben sus puntajes SIMCE y PSU a la procedencia socioeconómica de sus estudiantes. Dos: los gobiernos en los últimos veintitantos años han gastado y gastado en múltiples políticas (P900, escuelas críticas, liceos prioritarios, LEM, ECBI, LEAMOS, maletín literario, SEP, PAC, etc y etc.…) que se han sucedido, reemplazado y superpuesto unas a otras, y cuyos resultados de impacto desconocemos, seguramente porque es imposible aislar una de la otra para saber qué, cómo y cuándo han influido en el aprendizaje de los niños.
¿Sabemos en qué gastar, por ejemplo, más subvención escolar? No supimos en qué ocupar el tiempo de la jornada escolar completa y más o menos botamos la plata de las agencias de acreditación. ¿Qué garantías hay de que ahora se use la plata bien? No hemos definido siquiera qué entendemos por educación de calidad. No hay propuestas del estado respecto de qué deberíamos hacer para recuperar nuestras escuelas públicas. No hay claridad sobre cómo mejorar y ya estamos juntando la plata para hacerlo.
Acomodar el financiamiento de la educación sin involucrarse con la calidad es, a mi modo de ver, otra expresión de esta nueva religión de defensa del consumidor que ha enarbolado el gobierno: su fórmula para preocuparse de los más pobres y de la clase media (eso de la clase media es otra religión en su mérito) sin tocar el sistema actual. Consumidor como sinónimo de ciudadano. Lo dije antes en otro post: las propuestas de este gobierno para educación suenan todas a facilidades de pago.
Créditos: Foto Institutanos Flickr © creative commons
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