La propuesta de financiamiento de la educación superior anunciada por el Ministro Beyer tiene elementos relevantes que introducen un cambio fundamental al sistema. Por cierto, algunos han señalado que no se trata de un cambio radical, toda vez que no considera gratuidad completa, o si se quiere, un sistema universal de becas.
Al respecto, cabe reiterar que la gratuidad total no existe, que siempre alguien paga y que, por lo mismo, las propuestas de gratuidad siempre han ido asociadas con una idea de financiamiento “justo”. De hecho, entre las alternativas sugeridas por distintos expertos y que ha sido recogida en algunos foros por representantes de estudiantes que favorecen la “educación superior gratis” destaca la gratuidad financiada con impuestos a egresados. Ello, sin embargo, tiene equivalencia con la propuesta del Ministro Beyer, de otorgar créditos con pagos contingentes al ingreso. En ambas se garantiza que los beneficiarios no quedarán asfixiados con deudas y que pagarán, de una u otra forma, sobre la base de sus ingresos futuros.
Más aún, dichas propuestas serían completamente equivalentes si es que no hubiera becas para los de menores ingresos y el arancel que cobrara la institución de educación superior fuera exactamente el definido por la ayuda del Estado, esto es, el arancel de referencia. En tal sentido, y a pesar de que algunos puedan sostener que no hay avance real, que no hay verdadero cambio con la propuesta, sin duda que técnicamente la propuesta del Ministro y los efectos de las propuestas de gratuidad están notablemente cercanos, sin perjuicio de que existen diferencias relativas a la capacidad de implementar una y otra, que sin duda favorecen el pago contingente al ingreso por sobre el financiamiento con impuestos a egresados.
La propuesta del Ministro también considera un sistema único de financiamiento que no discrimina entre instituciones de educación superior, sino que sólo fija en el mérito del alumno y de la situación de vulnerabilidad. Ello es un avance para igualar oportunidades, particularmente en consideración a que los más vulnerables están sobre representados en las instituciones de menor tradición. Más de 2/3 de los estudiantes son actualmente discriminados por optar a instituciones diferentes de las pertenecientes al CRUCH, sin perjuicio de que entre las universidades de este Consejo se encuentren algunas de las que más investigación desarrollan -materia de una discusión paralela-, diferente a la de ayudas al financiamiento estudiantil y que no dice relación con la dicotomía CRUCH no CRUCH.
La propuesta también se hace cargo de los aranceles reales y de la presión a su aumento, obligando a la institución a becar a los alumnos más vulnerables por la brecha que se produzca, o a entregar un crédito con condiciones de pago contingente al ingreso. Al respecto, cabe señalar que la propuesta de la Comisión de Financiamiento era que la institución avalare la diferencia, lo que es menos gravoso para ella.
La aprensión que ha sido planteada por analistas respecto de la propuesta, es que las instituciones podrían discriminar, evitar reclutar estudiantes vulnerables sobre los que se van a hacer cargo de dicho diferencial. La crítica, sin embargo, no es correcta por dos razones. En primer lugar, la brecha se refiere a una diferencia, porque las instituciones cobran más que el arancel que el Estado estima cubriría los costos de proveer una educación de calidad. Así, el reparo de los rectores sobre lo costoso que podría llegar a ser cubrir hoy esa diferencia responde a que actualmente los aranceles de referencia pueden tener poco que ver con ese costo. Si ellos están mal determinados y, en particular, bajo el costo de proveer la carrera, entonces puede ser costoso para una institución hacerse cargo de la brecha si es que no va a tener un retorno económico para el estudiante. De ahí a que un desafío mayor para el Ministerio sea generar un esquema que determine adecuadamente los aranceles de referencia.
La propuesta del Ministerio para determinar los aranceles de referencia es que éstos digan relación con la empleabilidad y los ingresos futuros atribuibles a la educación superior, es decir, que descuenten el efecto que tiene la situación previa de formación y contactos sociales del alumno. Camila Vallejo ha expresado como crítica que los aranceles de referencia debieran ser determinados sobre la base del costo que tiene formar a los alumnos, no en función de los ingresos futuros.
Nuevamente, la diferencia conceptual es mínima y podríamos señalar que Ministro y estudiantes se están comunicando, que casi están hablando de lo mismo. Lo que ocurre es que determinar el costo de formar estudiantes por carrera es virtualmente imposible. No es razonable interrogar a las instituciones por el costo de formar estudiantes o, en general, de preguntarles por su costo cuando se trata de fijar precios. Tampoco se trata de determinar los valores contables y atribuirlos al verdadero costo de la formación. La experiencia de determinar los costos para la fijación de precios, en el caso de servicios de utilidad pública en Chile y el mundo, algo sustancialmente más simple que, en el caso de la educación superior, indica que las empresas exageran sus costos, incluyen elementos que no tienen que ver con la provisión del servicio y la labor del regulador, es extremadamente compleja en sacar toda la grasa que conlleva la contabilidad.
Consecuente con la enorme dificultad de determinar los verdaderos costos, el Ministerio está sugiriendo ligarlos con el efecto atribuible en salarios y empleo. Mientras más contribuya la institución a generar carreras que aumenten empleabilidad y salarios, lo estará haciendo mejor. Que para ello sea necesario incurrir en mayores costos y, por ello, aranceles de referencia e ingresos de los alumnos que no sean atribuibles a su condición social previa, en general vinculados a los costos, tiene todo el sentido que les pudiera preocupar a los críticos.
Sin perjuicio de lo anterior, el gran desafío es conciliar la estructura de aranceles de referencia con otros aspectos de un verdadero costo al que pueden estar incurriendo algunas instituciones y que poco tienen que ver con el financiamiento estudiantil. Esto es, el costo de la investigación y de la provisión de bienes públicos diferentes a la docencia.
Finalmente, la determinación del mérito para acceder a las ayudas estudiantiles es algo que no está zanjado. La propuesta del Ministro considera criterios de mérito de beneficio a las universidades que sólo se basan en la PSU, un indicador fundamental para reducir deserción y aumentar la probabilidad de éxito. La no consideración al esfuerzo, como es el ranking y a las notas de enseñanza media, a pesar de la amplia evidencia que muestra que ello permite el acceso de jóvenes con perfil de buenos alumnos de mayor vulnerabilidad, es un desafío mayor que debiera ser re considerado.
Foto Arlette Cifuentes Flickr © creative commons
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